PENA DE MUERTE

Las cifras dadas a conocer por Amnistía Internacional referentes a la pena de muerte en todo el mundo son, sin duda, escalofriantes. Al menos 2.148 personas fueron ejecutadas el pasado año en 22 países de todo el planeta. Alrededor del 94% de estas ejecuciones se realizaron en cuatro países. China, Arabia Saudí, Irán y Estados Unidos. El dudoso de honor de Estados de estar en el grupo de países que más personas ejecutan, llama la atención a cualquiera. La pena de muerte es condenable en cualquier país o situación, da igual si es por razones políticas, morales o de orientación sexual. Pero aún más grave es que el país que dice ser el abanderado de la demoracia en todo el mundo, siga ejecutando presos. Cada ejecución es una violación expresa de los derechos humanos más fundamentales. Es atroz que en varios países aún se juzgue y ejecute a mujeres por haber sido infieles a sus maridos, por tener un hijo tras haber sido violadas, o un hombre por ser homosexual.

No obstante, un dato positivo, entre tanta barbarie, es que en los últimos 30 años la abolición de la pena de muerte avanza en las sociedades de todo el mundo, aunque aún queda mucho por hacer. 43 constituciones de otros tantos países prohóben expresamente la pena de muerte, frente a 68 países que aún la mantienen. España, aunque la tiene eliminada incluso en el código penal militar, aún debe corregir una pequeña mención a la misma en el artículo 15 de la Constitución.  Las sociedades demcráticas no pueden permitirse tener ni siquiera menciones a este tema, un tema de flagrante vulneración de los derechos humanos, y en el que hay que seguir trabajando par su completa erradicación en todo el mundo.